El encuentro ‘Una mirada desde Cundinamarca’, contó con la participación de cerca de 300 personas, entre académicos, alcaldes y asesores jurídicos del departamento.
El cuarto encuentro territorial ‘Una Mirada desde Cundinamarca"’, realizado en la Gobernación del departamento, reunió a un destacado grupo de actores clave en la defensa del Estado, incluyendo abogados, alcaldes, secretarios de gobierno, jefes de oficinas jurídicas y apoderados judiciales, entre otras personas que hacen parte del Ciclo de Defensa Jurídica del Estado, quienes discutieron los principales desafíos y oportunidades en la implementación del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (SDJE).
La jornada ofreció un espacio propicio para el intercambio de ideas y experiencias que buscan fortalecer la defensa del Estado y la optimización de los recursos públicos.
César Palomino, director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, destacó durante su intervención: “Uno de nuestros principales mandatos es promover una articulación efectiva en defensa jurídica y acompañar a las entidades territoriales en la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Este trabajo no solo previene el daño antijurídico, sino que también permite mitigar el impacto fiscal de las demandas, optimizando los recursos para proyectos que impulsen el desarrollo social del departamento”.
Uno de los hitos del encuentro fue la creación de un nuevo mecanismo de articulación con las entidades territoriales, lo que representa un avance significativo en la gestión jurídica y la protección de los recursos públicos.
Este encuentro forma parte de una serie de eventos territoriales promovidos por la Agencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de las entidades y fomentar una gestión pública más eficiente. Al intercambiar conocimientos, se busca minimizar riesgos fiscales y mejorar el control del gasto público relacionado con la litigiosidad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del país, garantizando los derechos de la ciudadanía y una administración responsable de los recursos públicos.
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