Mercenarios colombianos: la ley que busca frenar su expansión y enfrenta al Congreso

El debate se intensificó tras la muerte de ocho miembros de la Guardia Nacional de México en un ataque atribuido a colombianos reclutados por carteles.

La discusión sobre el mercenariado colombiano volvió al centro del debate político luego de que el Congreso aprobara una ley que prohíbe la participación de ciudadanos en conflictos armados o actividades militares privadas en el extranjero, en medio de crecientes evidencias de reclutamiento de exmilitares por redes criminales internacionales. 

La norma ya superó los cuatro debates legislativos y solo espera la promulgación del presidente Gustavo Petro para convertirse oficialmente en ley de la República. El proyecto ratifica una convención de Naciones Unidas. 

El detonante: colombianos en conflictos internacionalesLa discusión se intensificó tras la detención de 12 colombianos en Michoacán, acusados de participar en un atentado con explosivos que dejó ocho agentes muertos.

El presidente Gustavo Petro señaló que el cartel Los Reyes habría contratado a sus compatriotas. “No podemos permitir que ciudadanos colombianos sean utilizados como fuerza de choque contra otros Estados”, advirtió.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos. “El uso de combatientes extranjeros por parte del crimen organizado es una amenaza grave a la seguridad nacional”, señaló.

En la misma línea, el secretario de Seguridad de México, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que “estos grupos criminales están recurriendo a perfiles con entrenamiento militar para elevar su capacidad de fuego”.

Investigaciones periodísticas indican que organizaciones criminales en México pagan entre 2000 y 3000 dólares mensuales a exsoldados, muy por encima del salario promedio de un militar activo en Colombia, que ronda los 500 dólares. Esta diferencia salarial revela el fuerte incentivo económico detrás del fenómeno.

Gobierno colombiano: seguridad, control y reputación internacional

Desde el oficialismo, el senador colombiano Iván Cepeda defendió la iniciativa. “El Estado no puede ser indiferente cuando su entrenamiento militar termina alimentando guerras y economías ilegales en el exterior”, dijo.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, afirmó que “esta ley busca evitar que el conocimiento militar financiado con recursos públicos termine al servicio del crimen organizado”.

El Gobierno insiste en que el fenómeno no solo es un problema legal; sino, también, diplomático. Casos como el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, en el que participaron ciudadanos colombianos, evidencian el impacto internacional de estas redes.

Oposición colombiana: empleo y libertades en riesgo

Desde la oposición, la senadora colombiana María Fernanda Cabal criticó la medida y afirmó que “no se puede criminalizar a quienes buscan trabajo en el exterior cuando el propio Estado no les ofrece oportunidades”.

En tanto, el líder político Germán Vargas Lleras advirtió que “prohibir no soluciona el problema de fondo; lo que se necesita es regular un mercado global que ya existe”.

Ambos sectores coinciden en que la norma podría limitar libertades individuales y afectar directamente a miles de exmilitares que encuentran en la seguridad privada internacional una de sus pocas salidas laborales. 

Un debate político lleno de contradicciones

El debate también ha evidenciado tensiones en el discurso político. Mientras sectores como el Centro Democrático cuestionan la supuesta debilidad del Gobierno frente a grupos armados, se oponen a una ley que busca impedir que excombatientes se integren a estructuras criminales en el extranjero.

Para el oficialismo, esta postura refleja una contradicción. Para la oposición, en cambio, el Gobierno evade su responsabilidad de generar empleo y opta por una salida restrictiva.